Chiapas

Ayotzinapa: policía desaloja con lujo de fuerza a padres: nueve heridos

Utilizan gases lacrimógenos y balas de goma contra la caravana por los 43 desaparecidos.

EFE Decenas de personas participaron el domingo en un plantón en apoyo a la marcha por el país de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

CHIAPAS - Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y un grupo de normalistas (estudiantes de magisterio) fueron desalojados por la policía en el estado suroriental de Chiapas, en un enfrentamiento que dejó a nueve personas heridas, de las que seis están hospitalizadas, dos de ellas de gravedad.

Los familiares y normalistas llegaron la mañana del domingo a la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, como parte de la gira que están haciendo por todos los centros educativos de México donde son formados los futuros maestros.

Policías antimotines disolvieron el grupo, que estaba animando a sumarse a una manifestación para exigir justicia por la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos contra los familiares de los normalistas desaparecidos e hirieron de gravedad a un estudiante de la escuela de Ayotzinapa y a otro de la de Mactumactzá, quienes recibieron impactos de balas de goma.

El portavoz de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, dijo que denunciarán estos hechos violentos y arremetió contra el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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"La postura es que exijamos la destitución de los funcionarios, principalmente el gobernador y el fiscal que ordenó el desalojo, porque de nada sirve tener un gobierno supuestamente de izquierda que ataque al pueblo únicamente por manifestarse", expresó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que comparte partido con el gobernador de Chiapas, exigió una investigación de los hechos.

"Lo sucedido hoy en Chiapas demanda una investigación exhaustiva. Desde la secretaría de Gobernación exigimos al gobierno de Chiapas que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuentan con mi respaldo", expresó en Twitter.

Casi cinco años después de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, los padres aún no saben qué pasó con sus hijos.

En un comunicado, el gobierno de Guerrero, estado donde se encuentra Ayotzinapa, también condenó los hechos.

"Reprobamos las agresiones realizadas en Mactumactzá, Chiapas, a la Caravana Sur de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Hemos entrado en contacto con los representantes de alumnos y familiares para conocer la condición de salud en que se encuentran", expresó el gobernador guerrerense, Héctor Astudillo.

Por su parte, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas defendió su actuación en un comunicado en el que explicó que el objetivo del desalojo era liberar el bloqueo del tránsito protagonizado por los normalistas.

El gobierno mexicano hizo público el expediente sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron hace más de un año en Iguala.

"Elementos antimotines actuaron bajo el protocolo de desalojo con respeto a los derechos humanos y restablecieron el orden al desalojar a estudiantes normalistas que mantenían bloqueo carretero sobre el libramiento norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, afectando el derecho de libre tránsito a terceros", expresó.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel de las drogas Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial del gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que fueran incinerados los cuerpos y el actual gobierno mexicano, que preside Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reabrir las investigaciones.

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