CIUDAD DE MÉXICO — Sin quererlo, los migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les pueden costar miles de dólares y con los que se sostienen nuevos modelos de negocio.
Hay desde falsos reclutadores de trabajadores, traficantes de personas, presuntos asesores legales, “influencers” de redes sociales y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”.
La mayoría de estas iniciativas aprovechan la coyuntura y cambios en las normas para estafar a migrantes ofreciéndoles consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin que haya en realidad ninguna garantía sobre lo ofrecido.
De 210 migrantes consultados a través de un sondeo digital realizado entre el 2 y el 16 de junio, más de un cuarto aseguró haber recibido mensajes falsos respecto de trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectados por fraudes y/o desinformación.
“Me cobraron por sólo el llenado de planilla de USCIS (siglas en inglés del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa; me di cuenta porque la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra)”, escribió una de las personas que respondió el sondeo.
“Perdí $1,500. Tanto que he luchado para llegar a Estados Unidos de manera legal. Ahora mismo ya realicé el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”, concluyó.
Su caso es uno de los muchos que proliferan a través de las redes pero que rara vez son denunciados ante entes oficiales.
La Secretaría de Gobernación de México registró de 2016 a noviembre del año pasado 5,684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De éstas, 1,849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2,655 como robo pero sólo ocho como fraude.
Existen pocas denuncias en esta última categoría y, cuando las hay, en la mayoría de los casos los migrantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que los represente, como el Centro de Derechos del Migrante, la organización civil Al otro Lado y albergues como CafeMin.
Sin embargo, el seguimiento legal de estos casos se complica, pues a menudo las personas continúan su intento de cruzar la frontera y, si lo consiguen, dejan los procesos inconclusos.
Como resultado, la desinformación y las estafas siguen multiplicándose y quedan impunes y muchos se aprovechan, a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp y Tiktok, de quienes sienten la necesidad de dejar su país y están dispuestos a aventurarse en una travesía incierta.
El dinero que han llegado a perder los afectados por estos fraudes va desde $1 hasta $20,000 por persona, de acuerdo con un monitoreo realizado en redes durante mayo y junio y los testimonios recabados en el análisis realizado a principios de julio.
Hay contenidos pautados -mensajes por los que se paga para aumentar su difusión- disfrazados de explicaciones que dicen ofrecer ayuda en trámites migratorios. Incluyen enlaces directos para contactar por WhatsApp o Messenger y llevar la comunicación a una charla personalizada donde abundan las promesas.
Fue así como Mercedes Pérez, una mujer de nacionalidad hondureña, contactó a Jaime Díaz Márquez, un hombre que se hizo pasar por un empleado de una organización civil-religiosa estadounidense y que le prometió asilo político para 14 familiares en Estados Unidos.
La afectada contó en entrevista que le pidió $55 por cada uno a cambio de tramitarles el permiso conocido como “parole”, que brinda permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes por al menos un año sin visa.
En una transmisión en Facebook Live de menos de tres minutos, Díaz Márquez aseguró que el 9 de diciembre de 2022 sería el día en que la familia podría “recoger sus papeles” para cruzar la frontera de manera regular, con documentos. Pero después eliminó los videos y no volvió a publicar. Mercedes contó que perdió $770, pero no recibió nada a cambio.
Aunque reportó el fraude a la organización civil Al Otro Lado, donde fue orientada para denunciar ante el Ministerio Público, desistió de seguir el proceso legal por medio a represalias.
A Díaz Márquez se lo intentó contactar para este reportaje al menos en cuatro ocasiones, vía telefónica y mensajes de WhatsApp, pero nunca respondió.
La organización Al Otro Lado, que se dedica a apoyar y proteger a las personas migrantes, está preparando una carpeta del caso y representa al menos a 200 personas que han sido engañadas por Díaz Márquez.
La institución aseguró que este no es el primer caso del que tienen conocimiento, pero que los afectados pocas veces denuncian por temor a ser deportados cuando son extranjeros en situación irregular, o a entorpecer su ingreso a Estados Unidos.
Evelyn Reyes, otra migrante de nacionalidad mexicana, relató en entrevista que su marido pagó a una persona supuestamente llamada Alberto que contactó vía Facebook casi $2,000. “Con gastos de visa, sellados, que un vuelo de 19,500 pesos de ida y vuelta... Hasta el pasaporte le robaron, pues iban a salir del DF (Ciudad de México) y ahí se lo entregarían, pero cuando llegó no había nada. Solo fantasmas”.
Jorge Gallo, oficial regional de prensa de la Organización Integral para las Migraciones (OIM) de la ONU, dijo que “muchos migrantes ni siquiera tienen ahorros, sino que se pegan una endeudada enorme para poder pagar los servicios de esos coyotes y en muchos casos lo pierden todo”. Pero la pérdida de recursos es apenas una de las muchas consecuencias de la desinformación.
Gallo detalló que, en ocasiones, los coyotes simplemente dejan a los migrantes en mitad de la travesía fronteriza expuestos a los peligros que puedan correr e, incluso, a no sobrevivir.
Por otro lado, hay influencers -perfiles con muchos seguidores en redes sociales- que venden “servicios legales” sin ser abogados. Un ejemplo es Darío Andrés, que se anuncia a través de TikTok e Instagram, donde suma más de 500,000 seguidores.
El autodenominado abogado en su perfil de Instagram, junto a su socio José Rafael Román Argote, ofrecen asesoría desde Florida. Sin embargo, tras realizar una búsqueda en las 50 asociaciones de abogados de Estados Unidos ninguno de los hombres está registrado como tal.
Se intentó hablar con ambos creadores de contenido por medio de mensajes de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no se recibió respuesta.
Esos influyentes perfiles comparten mucha información acerca de trámites migratorios y regulaciones como anzuelo a sus seguidores, para luego venderles una asesoría que no siempre tiene sustento legal y en ocasiones incluso es desinformación.
Como muestra, el vídeo que publicó el mismo abogado Román Argote el 10 de abril de 2023 en el que, comentando una noticia sobre el término del Título 42 -una norma de Estados Unidos que restringió las solicitudes de asilo en frontera con el fin de prevenir contagios de COVID-19-, sugirió que habría una falsa apertura de la frontera.
Contenidos como ése propiciaron que el mismo día cerca de 1,000 migrantes llegaran al Puente Paso del Norte, entre Chihuahua (México) y Texas (Estados Unidos), creyendo que se les concedería la entrada a territorio estadounidense.
Las mentiras y engaños a través de las redes sociales se alimentan de que muchos migrantes acuden a estos perfiles o a la experiencia de sus conocidos o familiares cuando están buscando oportunidades de trabajo en Estados Unidos, en lugar de informarse a través de los gobiernos, organizaciones o medios que ofrecen datos reales, y en el mejor de los casos, verificados.
Desde 2016, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) en Ciudad de México notó un aumento en el fraude de reclutamiento online de migrantes, especialmente a través de anuncios en Facebook. Aunque el centro no ofreció cifras sobre ese incremento, el sondeo digital realizado entre migrantes arrojó que un 13% del total de los encuestados recibieron ofertas de trabajo falsas.
Un empleador en Estados Unidos que quiera contratar migrantes por temporadas -como en el caso de ciertos cultivos- debe tener una “certificación laboral temporal” y con ella, deriva a agencias privadas de búsqueda de trabajadores todos los trámites necesarios para el procesamiento de las visas de los postulantes y su traslado a territorio estadounidense.
Jocelyn Reyes, directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del CDM, asegura que desde que se creó el sistema de trabajo temporal entre Estados Unidos y México el proceso de reclutamiento ha sido irregular, informal, poco documentado y opaco. “Esto abre huecos y desbalances de poder enormes entre los trabajadores, los reclutadores como un agente intermedio y los empleadores en Estados Unidos”.
Reyes explicó que la existencia de reclutadores, contactados por las empresas para conseguir ciertos perfiles de trabajador, deriva en que se monopolice el proceso. Estos agentes intermediarios tienen la información sobre las oportunidades disponibles en Estados Unidos y controlan el acceso a los empleos y, por consiguiente, a las visas H-2 (permisos basados en que un empleador estadounidense obtenga una certificación laboral temporal del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos).
Los reclutadores imponen tarifas a los migrantes interesados en acceder a las oportunidades de trabajo lo cual es ilegal, según denunció el CDM.
El CDM señaló que en los últimos años se han creado condiciones favorables para la expansión de la industria de reclutamiento laboral en Estados Unidos y México y que esto ha contribuido a la proliferación de diversos actores que ofrecen trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, el sistema de reclutamiento apenas está regulado y se caracteriza por ser poco transparente.
“Hay agencias de reclutamiento que a eso se dedican y que ofrecen esos servicios a los empleadores estadounidenses. El problema es que reciben un salario de esos empleadores, pero también buscan tener beneficios adicionales”, aseguró la directora del Centro de Derechos del Migrante.
Paralelamente, el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, México, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A (para trabajo temporal agrícola) señaló que desde 2019 a la fecha han documentado un incremento del 12 % a 15% de llamadas y mensajes a su línea de atención reportando fraudes.
A parte de cobros por este tipo de intermediación, los migrantes también están expuestos al engaño de falsos reclutadores.
Hay estafadores que se hacen pasar por compañías autorizadas para contratar trabajadores temporales en Estados Unidos, solicitan documentos personales al trabajador/a para hacer una “verificación de antecedentes criminales” y les cobran por realizar un trámite que no es necesario o que nunca realizan realmente, de acuerdo con el Centro de Derechos del Migrante.
Otros engaños alimentados por la desinformación son los que envían a migrantes a oficinas de reclutamiento en el Consulado en Monterrey inexistentes o los que consiguen ofertas de empleo con temporadas más prolongadas de las permitidas para una visa H-2A.
Samantha Hernández, encargada de comunicación y enlace del albergue CafeMin que recibe migrantes de Latinoamérica y Centroamérica en Ciudad de México, afirmó que existen narrativas desinformativas que hacen creer “que no se puede transitar en la Ciudad de México sin un documento que acredite (su situación legal) o que si vas a oficinas de gobierno, te pueden deportar”.
A eso se suma que, en su mayoría, las personas migrantes carecen de conocimiento de sus derechos, lo que permite que este tipo de engaños prosperen. Hernández subrayó que es sencillo creer en la desinformación que se comparte en redes cuando los migrantes no comprenden la dinámica migratoria de ese país.
“En Cafemin sabemos cuál es la ley, conocemos la política migratoria mexicana e incluso un poco la norteamericana por la cercanía y los riesgos. Pero Chile tiene sus propias leyes de migración, Brasil las suyas y así en cada país hay conceptualizaciones distintas. Eso permite que las personas puedan ser fácilmente engañadas”, dijo Hernández.
“Únicamente nos sacaron el dinero. Pagamos $2,500 por un salvoconducto para cruzar México y llegar a la frontera (con Estados Unidos)”, relató Laura Ortiz, originaria de El Salvador, cuando en realidad lo único que tenían que hacer era seguir caminando y contactar a las autoridades migratorias correspondientes para tramitar un tránsito y estadía legal en México.
“Pero como nos dijeron que iríamos presos si íbamos a Migración, lo pagamos. No recibimos nada a cambio, desapareció el supuesto licenciado con la mentira de que lo enviaron a San Cristóbal (en la zona alta del estado mexicano de Chiapas, al sur de México) y nos bloqueó de WhatsApp”, contó Ortiz. La mujer de 45 años aseguró que el mismo temor a ser encarcelada y deportada fue lo que no le permitió denunciar.
