COLOMBIA - Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas, después de que el Comité Nacional del Paro y el presidente colombiano, Iván Duque, no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada este lunes, tras trece días consecutivos de movilizaciones sociales.
Las protestas, menos intensas que en los días anteriores, persistieron a lo largo del país en medio de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero, y después de que el domingo subiera la tensión en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena.
"El Gobierno en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (...) no dijo nada en concreto", dijo a Efe el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
Sindicalistas, organizaciones sociales, los profesores, entre otros los que se agrupan bajo la sombrilla del Comité Nacional del Paro convocaron para el próximo miércoles a un nuevo paro (huelga) nacional, el tercero de las protestas, pues este lunes no hubo humo blanco.
A la reunión, realizada en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, asistieron además del jefe de Estado, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro.
Además, acudieron como mediadores el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, y el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao.
COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS CON EL COMITÉ DE PARO
Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril en Colombia, al menos 27 personas han muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en un documento en el que aclara que de esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, 7 están "en verificación" y hay 9 que no tienen relación con las protestas.
Sin embargo, la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) ha documentado 47 víctimas mortales (35 de ellas en Cali), 1,876 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 28 víctimas de agresión ocular, 278 heridos y 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 12 personas.
El rechazo a la violencia es el punto en el que están de acuerdo el Gobierno y el Comité de Paro. Ambos lo rechazaron. Sin embargo, en otros asuntos hay profundas diferencias.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, afirmó a periodistas tras la reunión que "no hubo empatía del Gobierno" con las causas de las protestas ni "con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes".
"Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta", expresó el líder sindical.
Además según Orjuela en el "tema de negociación evadió (el Gobierno) totalmente la palabra negociación y que nombraba un equipo para que empezáramos a trabajar, pero sin ninguna claridad nosotros no vamos a repetir lo que sucedió en el año 2019 y comienzos de 2020".
Recordó que en el pasado esas "largas conversaciones" nunca llegaron a ningún acuerdo porque el Gobierno nunca "aceptó que era una negociación".
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, coordinador del diálogo nacional, aseguró que "hay coincidencia en el rechazo a la violencia y en la cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley, pero también una condena clara contra toda violación del derecho que tiene cualquier ciudadano a su integridad física y personal".
Y consideró que esta reunión era "exploratoria" y que de todos modos se acordó crear espacio de diálogo con mediación de ONU e Iglesia.
"No era el espíritu presentarle al país una declaración conjunta ni llegar a un acuerdo pero sí era el espíritu (...) el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos", sostuvo.
PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
La comunidad internacional volvió a expresar su preocupación por la crisis que atraviesa Colombia y distintos organismos y Gobiernos hicieron este lunes un llamado a que se adopten medidas contra el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
En ese sentido se expresó Amnistía Internacional (AI) que pidió que cese la violencia contra los indígenas que se están manifestando en Colombia al señalar que "los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la policía, en contra de la Minga (marcha) Indígena en Cali son un reflejo de dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y que se han acentuado en el contexto de las protestas sociales en el marco del Paro Nacional".
El coincidencia, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó su rechazo por los "ataques sufridos por la minga indígena en Cali y expresamos grave preocupación".
A los anteriores se sumó el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, quien expresó que su país está "profundamente entristecido" por la pérdida de vidas y los heridos en Colombia, e instó al fin de la violencia.
LO QUE PIDEN LOS JÓVENES
Pese a que Duque retiró la reforma fiscal, principal motivo de las protestas, las movilizaciones de los jóvenes centran sus peticiones en que el Gobierno debe buscar mecanismos para ofrecerles verdaderas oportunidades de trabajo, educación, que cese la brutalidad policial y que se retire del Congreso un intento de reformar la salud, entre muchas otras demandas que se escuchan en las calles.
El presidente, tras repetidos llamados de que acudiese a la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, hizo la noche del domingo una visita relámpago de cuatro horas para reunirse con las autoridades locales, aunque no se reunió con ningún protestante o visitó los barrios más afectados por las protestas.
Allí el jefe de Estado pidió, una vez más, que se levanten los bloqueos que los protestantes han puesto en las salidas y entradas de la ciudad, y de otras localidades del país, y que los indígenas del suroeste del país regresen a sus resguardos "para evitar confrontaciones".
La visita se produjo luego de 12 días de protestas, con graves disturbios, episodios de saqueos y brutales escenas de violencia policial, y después de que varios supuestos civiles armados comenzaran a disparar contra la minga (marcha) indígena a las afueras de la ciudad, dejando a ocho guardias indígenas heridos.
