LONDRES — Una corte de Reino Unido dictaminó que Julian Assange no puede ser extraditado de inmediato a Estados Unidos por cargos de espionaje, en una victoria parcial para el fundador de WikiLeaks.
Dos jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido señalaron que concederán a Assange una nueva apelación a menos que las autoridades estadounidenses ofrezcan más garantías acerca de lo que le ocurrirá.
El fallo supone que el enredo legal, que comenzó hace más de una década, continuará. El caso se ha aplazado hasta el 20 de mayo.
Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson declararon que, si Estados Unidos no presenta garantías, autorizarán a Assange a recurrir su extradición por motivos como la violación de la libertad de expresión y la posibilidad de una condena a muerte.
“Si no se ofrecen garantías, le concederemos permiso para apelar sin que haya una nueva audiencia", señalaron.
“Si se dan garantías, daremos a las partes la oportunidad de presentar nuevas alegaciones antes de tomar una decisión definitiva sobre la petición de autorizar una apelación".
Durante una audiencia de dos días celebrada en el Tribunal Supremo en febrero, Edward Fitzgerald, abogado de Assange, afirmó que las autoridades estadounidenses querían castigarlo por la “exposición de la criminalidad por parte del gobierno de Estados Unidos a una escala sin precedentes”, incluyendo torturas y asesinatos.
Los partidarios de Assange sostienen que es un periodista protegido por la Primera Enmienda que expuso irregularidades cometidas por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán que eran de interés público y apuntan que el proceso tiene motivaciones políticas y que en el país no tendrá un juicio justo.
El gobierno estadounidense ha aseverado que las acciones de Assange fueron mucho más allá del periodismo al solicitar, robar y publicar de forma indiscriminada documentos oficiales clasificados que pusieron en peligro vidas inocentes.
Los jueces rechazaron seis de los nueve argumentos presentados por Assange en su recurso, pero indicaron que le concederían la apelación en base a tres cuestiones: la libertad de expresión, la afirmación de que está en desventaja porque no es ciudadano estadounidense y el riesgo de ser condenado a la pena de muerte.
Estados Unidos ha prometido que no será sentenciado a la pena capital, pero los jueces dijeron que es “concebible que esa garantía pueda ser interpretada de forma restrictiva por el demandado, de modo que no excluya la imposición de la pena de muerte”.
Assange, un experto informático australiano de 52 años, ha sido imputado en Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de documentos clasificados en Wikileaks en 2010.
La fiscalía de Estados Unidos sostiene que conspiró con la analista de inteligencia del ejército Chelsea Manning para entrar ilegalmente en un ordenador del Pentágono y publicar cables diplomáticos y archivos militares secretos sobre las guerras en Irán y Afganistán.
Assange enfrenta 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras.
Si es declarado culpable, sus abogados dicen que podría enfrentar hasta 175 años de prisión, aunque las autoridades estadounidenses apuntaron que es probable que la sentencia sea mucho más corta.
Su esposa y sus partidarios han denunciado que su salud física y mental se ha visto afectada por más de una década de batallas legales, incluyendo los siete años que pasó en un exilio autoimpuesto en la embajada de Ecuador en Londres y los cinco años que lleva en una prisión de alta seguridad a las afueras de la capital británica.